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Fiscal General de la República, Tarek William Saab
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que durante lo que va del año 2022 se han registrado 74 casos vinculados al acoso escolar en toda Venezuela.
Texto: Ministerio Público
Durante las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación desde el auditorio del Ministerio Público, Saab recordó que “el mes pasado en la Asamblea Nacional presentamos un proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños Niñas y Adolescentes”.
El alto funcionario destacó que el pasado 30 de abril se instruyó “a todos los Fiscales Superiores a atender de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar que ocurran en sus regiones”.
Sobre la importancia de este tema, detalló que un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante el 2019 en 144 países, reveló que uno de cada tres estudiantes fue víctima de este tipo de acoso.
El titular de la acción penal destacó que “los estudiantes víctimas de este flagelo tienen el doble de probabilidades de faltar a las clases y también el doble de probabilidades de tener pensamientos suicidas”, estos y otros síntomas negativos pueden presentarse en las víctimas de este flagelo.
Ante esta situación, el Fiscal General informó sobre tres casos destacados de acoso escolar ocurridos en Distrito Capital, Puerto Ordaz (Bolívar) y Zulia, que se han viralizados en las redes sociales.
“Hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales, donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales, entre ellas con Síndrome de Down”, resaltó Saab.
Caracas
El Fiscal General informó sobre un caso ocurrido en el Colegio Teresiano Nuestra Señora de Coromoto, situado en Caracas y detectado el pasado 4 de mayo por medio de un video visto en redes sociales.
En dicho video se podía ver a un adolescente de 15 años que golpeaba repetidamente a otro de la misma edad, por lo que el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 117° del Área Metropolitana de Caracas.
Saab informó que tras los avances de la investigación se determinó que la víctima sufrió contusiones hemática y edematosa en el párpado superior izquierdo, además de una hemorragia subconjuntiva izquierda; por lo que requirió 21 días para su recuperación.
Ante este hecho, el agresor fue imputado el pasado 6 de mayo en sede fiscal por el delito de lesiones intencionales personales graves, previsto y sancionado en el Código Penal.
“Estamos hablando de golpizas salvajes que no pueden quedar impunes porque el agresor tiene responsabilidad penal en tanto es mayor de 14 años. El hecho de que sea menor de edad no lo inhibe de responsabilidad penal; si usted lesiona, fractura, desfigura, agrede físicamente o moralmente a otra persona, el ser menor de edad no lo excluye de su responsabilidad penal”, indicó Saab.
Puerto Ordaz
De igual forma informó sobre un caso ocurrido el 27 de abril en el Colegio Loyola Gumilla, donde un joven de 14 años le propinó varios golpes a otro adolescente de 13 años, por lo que se comisionó a la Fiscalía 10° de Bolívar con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes.
A través de la investigación “se pudo determinar que la víctima presentaba contusiones equimóticas y excoriadas distribuidas en la cara lateral izquierda del cuello, región fronto-temporal izquierda y codo izquierdo, teniendo un periodo de curación de aproximadamente dos semanas”, detalló Saab.
Asimismo, el Fiscal General indicó que el pasado 3 de mayo se realizó audiencia de imputación en sede fiscal al adolescente agresor por el delito de lesiones intencionales personales, previsto y sancionado en el Código Penal.
“Es importante señalar que la víctima informó a la directora del colegio, quien hizo caso omiso al llamado de ayuda del mencionado adolescente. En tal sentido, se le abrió averiguación penal, tras lo cual fue imputada”, afirmó el titular de la acción penal.
Esta ciudadana fue imputada por el delito de omisión, previsto en el artículo 219 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en concordancia con el artículo 413 de Código Penal y las circunstancias agravantes del artículo 217.
Zulia
Otra caso ocurrió el pasado 4 de mayo en el estado Zulia. Se detectó por medio de un vídeo en redes sociales en el que cinco adolescentes (dos de 15 años, dos de 14 años y una de 13 años), agreden a Ginneth Mas y Rubí Parra de 30 años de edad, quien padece de trastorno de desarrollo intelectual (Síndrome de Down).
Ante esta situación, el Fiscal 31° con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes del mencionado estado, realizó la imputación a dos adolescentes de 14 años de edad, y a una de 15 años de edad el pasado 9 de mayo, por los delitos de lesiones personales intencionales.
Por este mismo caso fue remitida otra adolescente de 13 años de edad al Consejo de Protección competente, mientras que la quinta agresora de 15 años se encuentra evadida del proceso por presuntamente haber sido trasladada a Colombia por sus padres.
Plan Nacional
El Fiscal General indicó que “además de proponer una Ley, estamos ejecutando un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, llevado a cabo por la Dirección de Protección Integral a la Familia, conjuntamente con las Fiscalías Superiores de todos los estados del país”.
“Las acciones que estamos tomando tienen como objetivo visibilizar este grave problema y dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes”, destacó el Saab.
Este plan, que arrancó la semana pasada, continuará todo el año.
Fiscalías especializadas
El alto funcionario aprovechó la oportunidad para anunciar la creación de una fiscalía especializada en temas de la sexodiversidad, adscrita a la Dirección General de los Derechos Humanos.
“Queremos informar que el Ministerio Publico creó la fiscalía 98° Nacional adscrita a la Dirección General de los Derechos Humanos encargada de tratar asuntos relacionados con personas de la sexodiversidad”, afirmó Saab.
Asimismo, informó que esta nueva fiscalía se suma a dos fiscalías laborales (98° y 63° Nacional), la fiscalía agraria (60° Nacional), la fiscalía indígena (91° Nacional) y la fiscalía para la propiedad intelectual (18° Nacional).
“Son bien importantes estos anuncios en materia de derechos humanos atendiendo lo que la sociedad reclama. Con este Ministerio Público habrá justicia y no habrá impunidad para proteger los derechos de todos”, puntualizó el Fiscal General.
As an expert in legal matters and social issues, I find it crucial to analyze and discuss the recent developments reported by the Fiscal General de la República, Tarek William Saab, regarding the alarming rise in cases of school bullying in Venezuela. My expertise in law and social justice allows me to provide a comprehensive understanding of the legal implications, societal impact, and preventive measures associated with this pressing issue.
The Fiscal General highlighted that in the year 2022 alone, 74 cases of school bullying have been recorded across Venezuela. Drawing upon my extensive knowledge of international legal frameworks and human rights, I can attest to the gravity of this situation. Saab emphasized the importance of addressing this issue promptly and exemplarily, referring to a legislative initiative presented in the Asamblea Nacional for the prevention and punishment of school bullying against children and adolescents.
To underscore the significance of the matter, Saab referenced a study conducted by UNESCO in 2019, covering 144 countries, revealing that one in three students worldwide had experienced some form of bullying. This aligns with my knowledge of global efforts to combat bullying and protect the rights of students.
Saab pointed out the severe consequences of school bullying, including the increased likelihood of affected students skipping classes and contemplating suicide. Such psychological and emotional repercussions are well-documented in research on the subject, emphasizing the urgency of addressing this issue comprehensively.
The Fiscal General further elucidated three notable cases of school bullying in Caracas, Puerto Ordaz (Bolívar), and Zulia, emphasizing the role of social media in bringing these incidents to light. Saab stressed the need to judicialize such cases where physical and emotional harm is inflicted on children and adolescents, including those with special needs such as Down Syndrome.
In the specific case of Caracas, an incident at the Colegio Teresiano Nuestra Señora de Coromoto led to the aggressive prosecution of the perpetrator, emphasizing that age does not exempt minors from criminal responsibility when causing physical or emotional harm to others.
Similarly, in Puerto Ordaz, an incident at the Colegio Loyola Gumilla resulted in legal actions against both the aggressor and the school director who allegedly ignored the victim's plea for help. This underscores the legal consequences for individuals and institutions that fail to address instances of bullying adequately.
The Zulia case involved five teenagers assaulting a 30-year-old woman with developmental intellectual disorder (Down Syndrome). The legal actions taken against the perpetrators, as well as the involvement of a specialized legal framework for adolescents, highlight the commitment of Venezuelan authorities to ensuring justice and protection for all citizens.
In addition to legal actions, Saab outlined a comprehensive national plan to prevent school bullying, executed by the Dirección de Protección Integral a la Familia in collaboration with the Fiscalías Superiores across all states. This proactive approach reflects a commitment to raising awareness and building a state policy against school bullying and adolescent violence.
Moreover, Saab announced the establishment of a specialized prosecutor's office focused on issues of sexual diversity, acknowledging the need to address diverse aspects of human rights. This aligns with international standards and contemporary societal demands for inclusivity and protection of the rights of individuals with diverse sexual orientations and gender identities.
In conclusion, my in-depth understanding of legal frameworks, human rights, and social issues allows me to emphasize the gravity of the school bullying situation in Venezuela and appreciate the proactive measures taken by the authorities to address and prevent such incidents. The intersection of legal actions, societal awareness, and the creation of specialized prosecutor's offices demonstrates a holistic approach to protect the rights and well-being of all citizens, especially the vulnerable youth in educational institutions.
